El PSOE solicita un plan de viabilidad para Produsa y que se hagan públicas las cuentas actuales de la sociedad municipal

La nefasta gestión andalucista pone a esta sociedad pública al borde del colapso

El candidato socialista a la alcaldía de Utrera, José María Villalobos ha afirmado que la sociedad municipal PRODUSA necesita un plan de viabilidad, y así se lo solicitó el Grupo Municipal Socialista al alcalde en el pleno del mes de diciembre.

Los socialistas han solicitado las cuentas de la sociedad municipal y la cuantificación de la deuda que arrastra la misma sin que el alcalde haya dado. La única información disponible es el informe de gestión correspondiente a 2009 donde se apunta una deuda que supera los 10 millones de euros, una cantidad desde todos los puntos de vista disparatada.

La situación de la empresa es muy comprometida ya que a lo largo de este año es común el retraso en el pago de nóminas a los trabajadores. La nómina correspondiente al mes de octubre se ha pagado pasado el 20 de noviembre y la de noviembre no se había abonado hasta la fecha. Para Villalobos no es justo que trabajadores que desarrollan un trabajo, y que asumen responsabilidades que son competencia municipal en muchos casos, vean como son continuos los retrasos en los pagos.

Los socialistas utreranos denuncian el estado en que se encuentra la sociedad municipal, que se convirtió en el agujero negro del Ayuntamiento y donde los andalucistas han hecho y deshecho a su antojo escapando del control administrativo y político municipal. Hay que recordar que Produsa ha manejado grandes cantidades de dinero en la época de las vacas gordas, transferencias de suelo y encomiendas de gestión de servicios por parte del Ayuntamiento.

Es muy preocupante el descenso de actividad de la sociedad, que durante 2009 bajó un 40% y es previsible que lo haya hecho aún mas en 2010: las actividades de formación y empleo solo se han beneficiado a 128 desempleados de los más de 7.000 parados existentes en nuestro municipio, la sociedad municipal ha perdido la encomienda del servicio de limpieza en colegios y otros centros públicos y la mayoría de los proyectos urbanísticos y de construcción de viviendas siguen paralizados después de casi ocho años de gobierno andalucista. También siguen sin ejecutarse las obras de urbanización previstas en los Militares, después de que hace más de un año el Ministerio de Defensa le entregara al Ayuntamiento más de 3,5 millones de euros para ese fin y siga paralizada la venta de las 28 viviendas cedidas por el mismo ministerio al Ayuntamiento.

El PSOE igualmente denuncia la falta de transparencia sobre el destino otorgado a los terrenos municipales cedidos gratuitamente a esta sociedad, así como los pagos en metálico obtenidos por su venta. Ante la falta de información es sospechamos que tales recursos podrían haberse destinado a financiar gastos corrientes de PRODUSA (retribuciones del personal, mantenimiento, publicidad y propaganda, asesoramientos técnicos, intereses de demora, etc.), algo que incumple radicalmente la ley. El PSOE de Utrera tiene identificados aprovechamientos cuyas ventas han podido generar unos ingresos que pueden acercarse a los 4 millones de euros sin que la Corporación Municipal sepa el destino de los mismos.

El interventor municipal en los informes relacionados con dichas cesiones gratuitas hace referencia a la afectación de los ingresos obtenidos como consecuencia de la ventas de las parcelas cedidas, advirtiendo que "no pueden convertirse en una financiación de otras actividades que pudiera desarrollar la sociedad pública que nada tiene que ver con los que la ley asigna al Patrimonio Municipal del Suelo". También argumenta que debe "exigirse a PRODUSA que lleve un registro auxiliar de control de los fondos obtenidos y su destino a efectos de poder fiscalizarse por esta intervención a través del control financiero."

Por todo ello es necesario que PRODUSA plantee un plan de viabilidad mediante el que se asegure la supervivencia de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo y los compromisos de pago asumidos. Además este plan debe estar fiscalizado por los servicios de intervención del Ayuntamiento para asegurar su cumplimiento.